Omitir vínculos de navegaciónMiedos a los que se enfrentan los empresarios emprendedores > El miedo al fracaso El miedo al fracaso Omitir vínculos de navegación.

La idea del fracaso sigue representando para la gran mayoría de los españoles un obstáculo esencial para montar un negocio. Sin embargo, el tiempo se ha encargado de demostrarnos, a juicio de los expertos que han analizado estos temas, que los empresarios que aprenden de sus errores suelen tener más éxito en otros intentos posteriores. La animadversión a soportar riesgos, la maraña de leyes y reglamentos que se deben manejar, la complejidad de los mercados financieros, la amplitud de los mercados y fronteras, la falta de financiación, la tremenda rigidez del mercado laboral que asimismo se debe soportar y la ausencia de verdaderos incentivos fiscales, hace que iniciar un negocio se convierta en una tarea llena de dificultades.

Los valores asociados al espíritu emprendedor, como son creatividad, iniciativa y capacidad de afrontar riesgos, están menos arraigados de lo deseable en la cultura social y laboral española. Esta circunstancia produce una notable brecha entre las aspiraciones y expectativas de la población más joven (empleo estable y cualificado en el sector público o en grandes empresas) y la compleja realidad de los actuales mercados de trabajo. Además, la educación debe contribuir a la creación de una cultura emprendedora, empezando por los jóvenes y la escuela.

Es fácil comprender que los empresarios continúan tropezando con la burocracia administrativa tanto al inicio de la puesta en marcha de la empresa como durante toda su vida e incluso hasta en el momento de cerrar si llega el caso. La maraña de trámites a la que tiene que hacer frente el emprendedor está lastrando la competitividad de las empresas y todos los organismos internacionales sitúan a España entre los países peor valorados en cuanto a simplificación administrativa. Así, de la mayoría de los estudios que se han realizado se deduce que tardamos una media de 47 días en constituir una empresa y que es preciso realizar un sinfín de trámites para obtener su apertura.

Sin embargo, es obligado reconocer que a pesar de que desde la mayoría de las Administraciones Públicas se están haciendo esfuerzos encomiables para salvar este despropósito, aun estamos a mucha distancia de los países de nuestro entorno. Un dato que resulta lo suficientemente esclarecedor, lo constituye el hecho de que España se encuentra situada en los últimos puestos de la OCDE, en cuanto al tiempo medio para crear una empresa. Razón por la cual se debe considerar, igualmente, que aunque para las grandes empresas la burocracia no deja de ser un gran problema, no digamos para el pequeño empresario, ya que en muchas ocasiones los costes que debe soportar en términos económicos y temporales se erigen en obstáculos insalvables.
No podemos olvidar que las pymes suponen más de dos tercios del valor añadido que se genera en el conjunto de la economía y que supone el 80% del empleo y que un factor determinante para invitarles a su constitución lo constituye un verdadero funcionamiento de las Ventanillas Únicas, que lamentablemente no han arrojado los buenos resultados que inicialmente se esperaban, porque, entre otras cosas, sigue faltando coordinación y agilidad de trámites.

Para ello, sería necesario reducir el número de trámites administrativos de forma que estén integrados y coordinados por la Administración General del Estado, las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales, haciéndose patente, al mismo tiempo, la necesidad que cada una de las Administraciones tenga una eficaz coordinación interna. Así, se precisa emprender con suma urgencia una reforma y auténtica promoción de la Ley de la denominada Nueva Empresa, el funcionamiento efectivo de las Ventanillas Únicas y del sistema de concesión de licencias de apertura, que hasta ahora retrasan enormemente la puesta en marcha de numerosas iniciativas empresariales.

En este orden de ideas, llama poderosamente la atención el hecho de que nuestra situación contrasta con la de los países anglosajones, entre otros, donde los trámites para la cons titución de empresas se han agilizado al máximo. En Australia sólo se requieren dos días para levantar una microempresa, mientras que en Canadá se precisan tres. En Dinamarca y Estados Unidos se tarda cinco días en crear una empresa de pequeño tamaño, en Francia ocho, y en los Países Bajos once días. Para ello, se han concentrado y simplificado tremendamente los trámites administrativos evitándose, así, que se tenga que pasar por tantísimos departamentos como sucede en nuestro país.

Es necesario impulsar la simplificación administrativa como medida de apoyo al emprendedor: no puede permitirse que las trabas burocráticas, la falta de información y la lentitud de la Administración frenen el ritmo de creación de empresas.

Aún teniendo en cuenta las dificultades, ser emprendedor durante la actual crisis es posible. Los momentos de depresión económica traen cambios y la llegada de nuevas oportunidades de negocio. Lo más importante para triunfar es encontrar una actividad demandada y que tenga futuro, y saber desarrollar el negocio ya establecido con fórmulas nuevas y flexibles para reducir gastos al máximo.

Lamentablemente estamos viviendo una grave situación de asfixia financiera. El 80% de las pymes que en los últimos tres meses acudió a la banca en busca de financiación asegura que se encontró con obstáculos. El freno en el consumo y el endurecimiento de los créditos nos ofrecen un escenario poco halagüeño.

El Gobierno ha aprobado ya varios planes y un sinfín de medidas para reanimar la economía, pero los problemas de las empresas siguen siendo los mismos, lo que está provocando un gran malestar entre los empresarios. El resultado es realmente desolador.

Nos arriesgamos para crear riqueza y generar empleo, pero la maquinaria no puede funcionar sola, necesita el soporte de los poderes públicos. La Administración debe ser más pro activa o, por lo menos, atender a una realidad y a un problema recurrente y muy conocido.

Si no se atienden las reivindicaciones planteadas aumentará el desempleo derivado del cierre de las empresas. La empresa que cierra no vuelve a abrir y se pierde el empleo, la inversión y el talento.

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