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A finales del pasado año, el ejecutivo aprobó mediante Real Decreto, medidas tendentes a posibilitar el retorno a sus países de origen para los trabajadores extracomunitarios que hubiesen residido en nuestro país. La iniciativa busca fomentar que los inmigrantes desempleados vuelvan voluntariamente a sus países, en un periodo en el que en España aumenta el paro.

Capitalización de prestaciones

De esta manera, el ejecutivo aprobó el pasado 31 de octubre de 2008 el Real Decreto que establece los requisitos y condiciones que deben cumplir los inmigrantes desempleados que deseen regresar a su país. El texto afecta a los nacionales de los 20 países no comunitarios con los que España tiene firmados convenios bilaterales de Seguridad Social. Gracias a él, los extranjeros que tengan derecho a percibir una prestación contributiva podrán recibirla de manera acumulada y anticipada si regresan voluntariamente a su lugar de origen.

Más de 100.000 personas extranjeras que residen en nuestro país podrían acogerse al plan de retorno voluntario para inmigrantes en paro. Este proyecto pretende ayudar, principalmente, a los inmigrantes afectados por la crisis financiera que han perdido sus puestos de trabajo. En su mayoría, trabajadores del sector de la construcción. Todos ellos podrán cobrar, en dos plazos, el subsidio de desempleo que les corresponde. A cambio, una condición: regresar a su país y no volver a España por un período de tres años. La idea es fomentar la inmigración circular y dar a las personas inmigrantes la oportunidad de empezar de nuevo en sus lugares de origen con cierta formación, experiencia profesional y una cantidad de dinero suficiente para facilitar su integración. A simple vista, parece no haber cabos sueltos, pero algunas asociaciones de inmigrantes aseguran que los hay.

Los nacionales a quienes se aplican estas medidas son aquellos procedentes de Andorra, Argentina, Australia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Ecuador, Estados Unidos, Federación Rusa, Filipinas, Marruecos, México, Paraguay, Perú, República Dominicana, Túnez, Ucrania, Uruguay y Venezuela.

En cuanto a los requisitos que deben reunir, estos son:

    1º Estar inscrito como demandante de empleo en el Servicio Público de Empleo correspondiente.

    2º Hallarse en situación legal de desempleo como consecuencia de la extinción de la relación laboral.

    3º Tener reconocido el derecho a la prestación por desempleo contributiva, sin compatibilizarlo con un trabajo a tiempo parcial.

    4º Asumir el compromiso de retornar a su país de origen y no regresar a España en el plazo de tres años para residir y/o realizar una actividad lucrativa o profesional por cuenta propia o ajena.

    5º No cumplir con alguno de los supuestos de prohibición de salida del territorio nacional previstos en la legislación de extranjería.

Tras la entrada en vigor del plan de retorno voluntario, la competencia en el pago de la prestación por desempleo corresponde al Servicio Público de Empleo Estatal. Es en este organismo donde se realiza la recepción de solicitudes, tramitación, reconocimiento, pago y declaración de extinción del derecho a la prestación.

El abono de la prestación se efectuará en dos plazos: el 40% en España y el 60% restante en el país de origen, transcurrido un plazo de 30 días naturales a partir de la realización del primer pago y en un plazo máximo de 90 días. Una vez que se reciba el primer pago, no se podrá dar marcha atrás en el proceso.

Posibilidad de conservar los derechos acumulados

Como vemos, el extranjero que decida retornar a su país de origen, deberá permanecer en él un periodo mínimo de 3 años para no perder la capitalización de las prestaciones por desempleo. Otra medida tendente a ello, es que para poder exigir la segunda parte del abono, la persona beneficiaria deberá comparecer personalmente en la representación diplomática o consular española en su país de origen. Será así como acredite su retorno.

La norma establece un plazo de 30 días naturales para regresar al país de origen, a partir de la fecha de realización del primer pago. Posteriormente, habrá que cumplir el compromiso de no retornar a España en tres años. Pasado ese tiempo, quienes hubieran tenido residencia temporal y se hubieran acogido a la modalidad de abono acumulado y anticipado de la prestación, podrán solicitar de nuevo las autorizaciones administrativas para trabajar y residir en España. Además, tendrán derecho preferente para incorporarse al contingente de trabajadores extranjeros no comunitarios, siempre que acrediten los requisitos establecidos en la normativa vigente. Los residentes permanentes beneficiarios del plan podrán regresar a España tras la finalización de su compromiso de no retorno y recuperarán su condición de residentes permanentes mediante un procedimiento simplificado.

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