El Gobierno va a desarrollar la Ley de Morosidad y va a poner en marcha, a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO), una serie de líneas para que los ayuntamientos puedan atender a las facturas que tienen pendientes con empresas y autónomos. La apertura de estas líneas del ICO constaba en una de las enmiendas de la Ley de Morosidad que se introdujo en el Senado y que se aprobó en el Congreso. Para aliviar esta "asfixia financiera", el Gobierno ha puesto en marcha el Fondo Estatal de Inversión Local en 2009 y el Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local en 2010, dotados con 13.000 millones de euros, y ha diseñado una serie de líneas del ICO para que los ayuntamientos puedan atender a sus facturas pendientes. Estas medidas se adoptarán antes de que pueda aprobarse un nuevo sistema de financiación local. Mientras tanto, el Ejecutivo se ha comprometido a que la Ley del Gobierno Local se tramite en las Cortes Generales en el próximo periodo de sesiones, que comienza en septiembre.
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